Unos de los intentos de dividir la provincia de Cádiz o de convertirla en la provincia de Jerez ocurrió al poco de instaurarse en España el régimen liberal, tras el fallecimiento de Fernando VII.
En junio de 1836, en unión con su Ayuntamiento varias,
entidades jerezanas, la Real Junta de Comercio, la Real Sociedad Económica de
Amigos del País y la Junta Municipal de Beneficencia, solicitaron que se fijara
en esa ciudad la residencia del Gobierno Civil y de la Diputación Provincial. Remitidas estas peticiones al Gobernador Pedro de
Urquinaona, éste se las envió al Ayuntamiento de Cádiz para que informara.
No hemos localizado los escritos jerezanos, pero sí la
contestación del Ayuntamiento gaditano que comenzaba diciendo “Esta Corporación
ha examinado detenidamente las adjuntas representaciones…de Jerez de la
Frontera, pidiendo a S. M. la Reyna Gobernadora se digne colocar en aquella
ciudad la Capital de esta Provincia, y halla que las razones en que se fundan o
son abultadas o de ningún valor al objeto a que se destinan”.
Y continuaba “Que Cádiz es el verdadero centro político y
económico de su provincia es una verdad tan innegable que las mismas
autoridades de Jerez le oponen solamente el que se halla situada en un extremo
de ella, y el peligro en que está de verse bloqueada o sitiada en tiempo de
guerra. Extendiéndose esta provincia desde Sanlúcar hasta Algeciras y desde
Olvera hasta Cádiz, si se atiende a la distancia material, tan en un extremo se
halla Jerez como Cádiz; porque habiendo entre estos dos pueblos la distancia de
4 leguas, o sea dos horas de camino en tiempos bonancibles, y de 9 leguas en
los tiempos borrascosos (diferencia que sólo aparece para los que vienen de los
pueblos situados a la parte del norte), es claro que no reúne Jerez esa
decantada circunstancia de la centralidad. Y en cuanto al peligro de un bloqueo
o sitio, además de ser ciertamente remoto, si se diera el caso de que Cádiz se
viera sitiado ¿en qué situación no debería estar ya la provincia para que las
oficinas superiores pudiesen existir con seguridad en Jerez?”.
Otro de los argumentos jerezanos era “Que el cerrarse las
puertas en Cádiz al anochecer es un obstáculo para los traficantes y viajeros”. A lo que se contestaba que “Como de noche
nadie viaja ni trafica no cree el Ayuntamiento que este inconveniente tan
ponderado sea de la importancia que se le supone. Además que la Real Sociedad
Económica (se refería a la de Cádiz) tiene presentado un expediente para que se
mantengan abiertas las puertas durante la noche y es muy probable que cuanto
antes recaiga la resolución que es de esperar”.
También alegaba Jerez que de trasladarse allí la capital
“serían favorecidos los intereses de los demás pueblos de la Provincia no cree
beneficioso para sus intereses el quela Capital se halle en una plaza mercantil”
Para los munícipes gaditanos “Los intereses agrícolas de la Provincia deben ser
promovidos por los Ayuntamientos respetivos de cada pueblo y por la Diputación
Provincial, y nada hace al caso que los Vocales de ésta (los actuales Diputados
Provinciales) residan en poblaciones mercantiles o agrícolas para que se
interesen por el bien de los Partidos que representan”.
Los solicitantes añadían que “el traslado del Gobierno a
Jerez es el único medio de proteger aquellas poblaciones”, a lo que se oponía desde
Cádiz que “mal podrán las autoridades de la Provincia proteger lo que las locales,
únicas que conocen las necesidades de los pueblos dejen en abandono”. No
importaba tanto la presencia de las autoridades provinciales en Jerez como el
trabajo municipal, “los expedientes bien
formados y fundados en razones” que debían allanar los obstáculos y vencer las
dificultades y trabas “para llevar los pueblos a la felicidad a que son
llamados”.
Por último el Ayuntamiento gaditano “No cree que Jerez
pueda entrar en paralelo con esta ciudad en cuanto a la facilidad de las
comunicaciones, no sólo con los pueblos limítrofes, sino aún con los demás de
España y de Europa, facilidad que tanto influye en los acontecimientos, en el
espíritu público, en las transacciones civiles y en los actos del gobierno de
la Provincia. Ni menos en la comodidad de las posadas ni en la belleza y aseo
de la población. Y confía que, no ocultándose al Gobierno de S. M. éstas y
otras muchas razones de conveniencia pública que existen para conservar en
Cádiz la capital de la Provincia, desechará las infundadas pretensiones de
Jerez”.
Parece
ser que este informe surtió efecto ante el Gobierno de S. M., ya que hasta el día de hoy la capital
provincial administrativa continúa en su sede de la plaza de España de Cádiz. Pero,
cabe preguntarse, ¿ante la misma pretensión, pasaría lo mismo ahora que los
partidos gobernantes en Cádiz y en Jerez son los mismos? ¿O quizás ocurriría como
con la creación de la Zona Franca de Sevilla, admitida sin protesta y hasta con
complacencia por el poder municipal gaditano? No lo sabemos, aunque lo más
probable es que todo dependería de la orden que les llegara desde Madrid.
Del Archivo Histórico Municipal de Cádiz.
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