Para el palacio de Recaño

        

          En el Diario De Cádiz de ayer se publicaba la existencia de un proyecto municipal para la “puesta en valor”, frase ritual y polisémica en el mundo político de nuestros días, del palacio de Recaño o de la Torre Tavira como algunos lo conocemos, consistente en “crear un ente similar a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que existe en diversos puntos del territorio nacional, siendo el ejemplo más cercano el de Granada”. La idea, aportación del edil Delegado de Patrimonio y Presidente del Colegio de Graduados Sociales, supondría “muchos beneficios a la ciudad, tanto con la organización de encuentros como por la difusión y conocimiento de este hecho a nivel internacional”.

            Hace años participé en el proyecto del entonces Decano del Colegio de Abogados de Cádiz José Manuel Jareño Rodríguez Sánchez, apoyado por el ex Decano Julio Ramos Díaz, de restauración de la gaditana Academia de Jurisprudencia y Legislación, una creación decimonónica del Colegio de Abogados de la ciudad, aunque la que ahora se pretendía crear fuera una institución más en consonancia con los tiempos actuales y más abierta a la sociedad, que estuviera alejada tanto del individualismo como del enclaustramiento, los dos principales defectos que se achacan a las academias tradicionales.

Se trabajó en esta restauración, recopilando los antecedentes históricos así como redactando la memoria y un borrador inicial de estatutos. Por cierto que en esta documentación se prescindía de localismos, buscando una institución cultural de ámbito provincial, y de corporativismos, pues se mencionaba expresamente a la Facultad de Ciencias Sociales entre los centros académicos que impartían disciplinas jurídicas y con los que la Academia tendría que contar en su puesta en marcha y en su desarrollo posterior.

Tras estos trabajos sólo quedó pendiente el trámite, de conformidad con la legislación específica de la Junta de Andalucía, del nombramiento por el Colegio de Abogados de la Comisión Gestora que redactaría los estatutos definitivos y elevaría el proyecto a la aprobación de la Consejería de Educación y Ciencia que es la competente para su aprobación. Por diversas causas este nombramiento se fue aplazando, sin que haya tenido lugar en el día de hoy, por lo que este proyecto de restauración se ha quedado inconcluso.

¿Merecía la pena este proyecto de restauración?  Teniendo como antecedente la “Academia de Abogados y Pasantes en Leyes” que, “a exemplo de las que hay en la Corte y principales Ciudades del Reyno”, se creó en 1792, el 17 de marzo de 1848 la Junta del Colegio de Abogados, a propuesta del Decano Francisco Fernández de Haro, crea la Academia de Jurisprudencia. En ese mismo año se aprobaron sus Estatutos y comenzaron sus actividades en su sede de la calle San José 42.

Poco después se cambió su nombre por el de Academia de Jurisprudencia y Legislación, que impartía cursos y reuniones científicas destinadas al estudio de la legislación contemporánea, en especial de los nuevos Códigos que estaban surgiendo fruto de la codificación liberal. Aunque los actos que más popularidad adquirieron fueron los debates en los que dos oradores defendían posturas opuestas sobre temas que entonces interesaban como la patria potestad, los sistemas patrimoniales matrimoniales o la propia existencia legal de la esclavitud, debates que eran seguidos por la prensa de la época que los reseñaba al día siguiente, comentando las actuaciones de los ponentes y hasta la del público que llenaba el salón de la calle San José y el más amplio de la calle del Teniente, hoy Zaragoza, al que se trasladó en 1859.

Un dato de su apertura a la sociedad gaditana de la época: La Academia se relacionó muy estrechamente con el Ateneo de Cádiz, en especial durante la presidencia de uno de sus fundadores, el prestigioso jurista Miguel Ayllón y Altolaguirre quien, en unión de su hermano Emilio, publicaba desde 1860 en Cádiz la “Revista de Tribunales, Jurisprudencia y Legislación” y había creado en el Ateneo Cátedras de Derecho Mercantil, de Derecho Penal y de Administración.

Contando con este antecedente histórico, creemos mejor la restauración de una institución nuestra, adaptada a nuestro tiempo y con la participación de todos los agentes interesados, que la creación de una nueva institución, aunque se base en el cercano ejemplo granadino porque, como resalta el promotor de este proyecto municipal, “Tenemos que poner en valor lo que la historia nos ha dejado”.