Muerte de perros.

A raíz de la eliminación del perro de la enfermera que padeció el ébola, recordé que el miedo a la hidrofobia, con la consiguiente persecución y exterminio de los perros callejeros, fue una constante preocupación en la ciudad de Cádiz.

Sin ir más atrás en el siglo XIX un Auto de 1816 del Gobernador Marqués de Castelldosrius decía: “Atendiendo a favor de la salud y la comodidad de sus habitantes, en aminorar en cuanto fuese posible el excesivo número de perros que vagan por sus calles, los cuales no sirven de utilidad alguna conocida, incomodan de día el tránsito del vecindario y de noche el preciso descanso con sus ladridos y aullidos, presentando un riesgo harto evidente contra la seguridad individual de cada vecino, aun cuando no sea más que en los casos cien repetidos en que los ataca la hidrofobia o mal de rabia”. Por ello prohibió “el que ande por las calles perro alguno, y todo el que se encuentre será muerto por los encargados que nombrare al efecto; y sólo se libertarán aquéllos que vayan con sus dueños, los cuales deberán llevar además un collar con el nombre de los mismos. No sucederá así con los perros de presa, aunque sea con freno y collar, pues los que se encuentren deberán matarse irremisiblemente en cualquier parte donde se hallen como no sean conducidos con una cuerda o cordón por mano de sus dueños o el que los llevase”.

En 1826 a instancias de Comandante Francés de las tropas de ocupación, el Gobernador Aymerich ordenó la matanza urbana de los perros sospechosos de padecer la rabia, para lo que “cuatro brigadas de presidiarios, con su competente escolta, salgan inmediatamente y cuantos perros encuentren por las calles y plazas con collar o sin él, los maten, para precaver a los vecinos y moradores de esta plaza de que puedan ser mordidos por uno de estos animales”.

Un Bando Municipal.

            Durante todo este siglo el miedo a la rabia originó, sobre todo en verano, recogidas masivas de perros callejeros para su sacrificio. En estas cacerías participaban, además de voluntarios a los que se les proveía de un permiso especial y de protección policial, los penados del castillo de Santa Catalina a los que, convenientemente custodiados se utilizaban para este fin.

Aunque la orden era llevarlos a Extramuros para allí matarlos a palos y después enterrarlos, eran frecuentes las apariciones de perros muertos en la orilla de la playa; llegando algún año la Policía Municipal, llegó a encontrar hasta 42 perros en cuatro días.

 Para los perros identificados con collar se estableció un depósito en la calle San Dimas donde quedaban en observación hasta que podían ser recogidos por sus dueños.

Con la creación en 1872 de la Sociedad Protectora de los Animales y las Plantas, la primera de esta clase que se creaba en España, la situación mejoró, corriendo la retirada de perros a cargo de funcionarios municipales, los perreros o laceros, aunque seguían siendo eliminados los que no tenían dueño y carecían del correspondiente collar identificativo. Pero ahora se les mataba por medio de la pelotilla de estricnina, dándoles por comida una bola de carne envenenada, lo que suponía un avance respecto al espectáculo cruel y salvaje anterior del apaleamiento hasta su muerte.

La denuncia del pero Matias.

Todavía algunos recordamos, en los años 40 y 50 del siglo pasado, la figura del lacero municipal que, protegido por un guardia municipal y seguido de una turba de chiquillos que le increpaba a distancia, perseguía a los perros callejeros para llevarlos a la perrera municipal, con el regocijo y aplauso de la chavalería cada vez que el perro lograba eludir el fatídico lazo.

Y, aunque ya se esté perdiendo, todavía recordamos la frase “anda y que te den la pelotilla como a los perros” con la que se mandaba a alguien un poco lejos, deseándoles la misma suerte que a los canes que, al sobrar en la ciudad o por ser libres e independientes de cualquier dueño, se les daba el pasaporte, pagando el Ayuntamiento, al paraíso perruno.

Del Archivo Municipal de Cádiz