sábado, 9 de febrero de 2013

DERQUI EL CORSARIO DE TARIFA

Un jabeque corsario español
                        Aunque a ustedes les parezca raro, el poder de la burocracia en España viene de antiguo; en nuestro país se podían cometer las mayores barbaridades siempre que estuvieran autorizadas por un papel con las pólizas y las firmas correspondientes. Esto viene a cuento porque me ha resultado curiosa la forma de solicitar la autorización para meterse a corsario de Miguel Derqui, un vecino de Tarifa dueño de una embarcación que pide en 1762 el permiso oficial para “trabajar” de corsario, y competir así en el lucrativo negocio que por esos años monopolizaban los marinos vascos, catalanes y mallorquines.
            Estos corsarios legalizados podían atacar y apoderarse de cuantas naves enemigas quisieran, con la única obligación de entregar un porcentaje de sus botines a la Corona la que, al tiempo que veía limpios los mares de enemigos sin coste alguno, obtenía unas ganancias extras para la Hacienda Real.
Pero es mejor que lean la instancia que presenta:
            “Señor Intendente General de Marina: Miguel Derqui vecino de la ciudad de Tarifa y residente en esta ciudad (Cádiz), dueño del jabeque nombrado La Virgen de la Luz, San Josseph y San Antonio surto en dicha playa, de porte de doscientos y cincuenta quintales, ante V. S. con el debido respeto dice: Que deseando armarlo en corso contra ingleses y demás enemigos de esta Corona, lo ha preparado con cuatro cañones, cuatro pedreros, diez y ocho esmeriles, treinta fusiles, treinta sables, quince pares de pistolas, seis trabucos de mano, cuarenta y ocho frascos de fuego, pólvora, balas y municiones correspondientes con tres meses de víveres y treinta hombres de tripulación, nombrando por Capitán a Pedro Oliver, quien otorgará conmigo como armador la correspondiente obligación, ofreciendo por mi fiador a Don Pedro Derqui vecino de esta ciudad. Suplica a V. S.: Se sirva concederle la correspondiente Real Patente para el explicado fin y que en consecuencia pueda armar el corso que pretende con arreglo a lo resuelto por Su Majestad en su Real Ordenanza del Corso nuevamente establecida. Así lo espera conseguir de V.S.”
            Por supuesto que la autoridad de la Marina le concedió la patente solicitada, exigiendo que el fiador entregara antes treinta mil reales de vellón para garantizar “de que hará buena y lícita guerra con arreglo a lo resuelto por Su Majestad”.
            ¡Qué diferencia entre estos corsarios reglamentados del siglo XVIII, que hasta debían prestar fianza para responder de que cometerían sus fechorías conformes a las leyes, con los piratas tan informales de nuestros días!
            Del Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
           
           

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