Comenzarán las celebraciones del Bicentenario y todavía se desconoce la política cultural que realizarán los nuevos gobernantes de la Diputación Provincial de Cádiz, y pese a que la prensa ha denunciado varias veces la inactividad existente en esa parcela de la gestión provincial, no ha habido respuesta. Cabía esperar que a estas alturas del año ya se supiera algo sobre las programaciones a realizar en estos cuatro años, en especial en el que ahora comienza, cuando la provincia va a ser el centro de atención de personas e instituciones de dentro y de fuera del mundo de la Cultura.
Creíamos que el cambio de dirigentes políticos conllevaría un cambio en las políticas culturales, ya que las ideas políticas contienen, o debían contener, un concepto definido sobre el papel que debe desempeñar la Cultura en el mundo actual. Si no existen esas nuevas ideas, por falta de capacidad intelectual de la clase política o de sus asesores, cabía la posibilidad de continuar con la política planificada por los anteriores gobernantes. Lo que fuera antes que paralizar servicios cuya inactividad conlleva además la de los funcionarios que los prestan, a los que en teoría se les paga con dinero público por hacer cosas, por trabajar, pero que ahora cobran por no hacer cosas, por no trabajar, práctica poco ética que supone al menos un mal uso de esos dineros. Y que cada lector otorgue a esta actuación la calificación que le merezca.
Un ejemplo del resultado de esa ausencia de política cultura lo hemos tenido hace pocos meses con un resultado desmoralizador para las personas que creemos en la cultura y que amamos esta tierra. Nos referimos a la suspensión del III Congreso de Historias Locales que se pensaba celebrar en colaboración con la Universidad de Cádiz. Descartando la participación de la Universidad, innecesaria pues la Diputación Provincial tiene medios materiales humanos suficientes para organizar esas jornadas, pensamos en dos posibles causas de la suspensión.
La falta de presupuesto suficiente, lo que no es creíble a menos que sea una escusa para encubrir la desidia o incompetencia de los políticos o funcionarios encargados de su realización, ya que con los medios y la experiencia de la Diputación Provincial estas jornadas podían haberse celebrado con un coste cero. Habilitar durante uno o dos días un salón para su celebración no excedería del coste normal de una o dos sesiones de pleno por ejemplo. En cuanto a la publicación de las actas de las anteriores jornadas, estamos en el siglo XXI y es habitual que se publiquen en formato digital, lo que a nadie extrañaría y cuyo coste sería ínfimo, máxime cuando esta Corporación cuenta con una empresa de informática para la que no sería ningún problema grabar cincuenta o cien CD.
La poca valoración de estas jornadas y la nula consideración con sus participantes. Si se tratara de los brillantes conferenciantes o de los eximios catedráticos que vienen a Cádiz generosamente pagados nadie se atrevería a suspenderlas, pero al ser historiadores locales, simples ciudadanos que por altruismo y sin cobrar van rescatando la historia de los municipios de la provincia, a la espera de jornadas como ésta para poder divulgar sus investigaciones, a ellos sí se les puede desairar y frustrar sin consecuencias mediáticas ni políticas.
Que sepan los que así actúan que esos historiadores a los que infravaloran y desprecian están contribuyendo al desarrollo de la historia y de la cultura de sus municipios, es decir, están haciendo Municipalismo, ese concepto que defiende, creemos que sinceramente, el Presidente de esta Corporación en sus apariciones públicas, y que ellos combaten con sus actuaciones como la que ahora denunciamos.
Este es mi punto de vista.
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