viernes, 27 de enero de 2012

UNA CÁRCEL PARA POLÍTICOS

           
 En 1870 el Gobierno de la I República atendiendo a la opinión pública que había venido “reclamando incesantemente la reforma de nuestro sistema penitenciario en consonancia con los adelantos de la ciencia y condiciones especiales de nuestro país”, aunque no pudo emprender una reforma penitenciaria completa por la incapacidad del erario público, si comenzó por  “la creación de una penitenciaría donde extingan sus condenas los penados políticos sin confundirse con los de delito común, facilitándoles al propio tiempo los medios de hacer más llevadera su triste situación”.
            Para ello decretó “crear una penitenciaría política en el ex- convento de la Victoria, sito en el Puerto de Santa María”, aprobando el Reglamento para su régimen interior, en el que se recogían entre otras estas “curiosas” disposiciones:
            No se exigía a los penados el uso de uniforme, pudiendo costearse su propia ropa, a los que no tuvieran dinero se les facilitarían dos camisas, un pantalón, chaleco, chaqueta y gorra con visera de paño azul así como un par de borceguíes de piel.
            Igual ocurría con la cama, los penados podían tener cama propia “con las comodidades que juzguen conveniente” y al que no podía adquirirla el Estado le facilitaría “una hamaca de lona fuerte con cruceros de correa, manta y cabezal”.
            El mismo sistema en las celdas, había “habitaciones de distinción” para los que pudieran pagársela, y los que no quisieran “pagar nada por razón de estancia” se les asignaría sitio en el dormitorio común.
            Otro tanto ocurría con la comida, al recluso que no tuviera dinero se le suministraría “dos ranchos diarios y una sopa de pan por la mañana”, pero el que pagara podría traer la comida de la calle usar “una cocina separada de la general” para cocinar él o sus ordenanzas.
            Y por último los trabajos, los penados que pagaran su estancia estaban relevados de todo trabajo, pero los que vivieran a costa del Estado estaban obligados a trabajar en los talleres que se establecieran o como ordenanza de los reclusos con dinero. Cada recluso podía “contratarse” con uno o varios reclusos con dinero para las labores de limpieza y cocina, siendo destinado entonces por el Director “al servicio de los que ocupen habitaciones de distinción”, quien le debía alimentar y abonar la retribución que acordare con el ordenanza, quedándose la Dirección con la cuarta parte de esa retribución.
            En resumen una cárcel pensada para la clase burguesa a la que pertenecían los políticos de esa época, políticos entre los que había delincuentes, y que no tenían ningún parecido con los modélicos servidores públicos de nuestros días.
Ese es el triste inicio del desaparecido centro penitenciario portuense, según las notas que hemos sacado del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

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